Un giro histórico se produjo este martes en el panorama judicial boliviano: el Tribunal Sexto de Sentencia resolvió otorgar la libertad pura y simple al exlíder cívico Marco Antonio Pumari, y detención domiciliaria con permiso laboral, fianza y presentaciones mensuales para el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, en el caso conocido como “Golpe I” que investiga la crisis política de 2019.
En ese mismo contexto, pero en un procedimiento separado, un tribunal de La Paz dictaminó el lunes la incompetencia del sistema judicial ordinario para juzgar el caso Senkata contra la expresidenta interina Jeanine Áñez, ordenando que sea sometida a un juicio de responsabilidades ante la Asamblea Legislativa. La resolución incluyó la suspensión de las medidas cautelares, lo que implica su liberación inmediata del proceso ordinario. Jeanine, sin embargo, sigue en prisión.
Durante una audiencia en la ciudad de El Alto, el juez David Kasa aceptó la excepción de incompetencia planteada por la defensa de Áñez, anuló los obrados del caso hasta las primeras fojas y remitió los antecedentes al tribunal correspondiente y a la Fiscalía General para el trámite del juicio de responsabilidades. La exmandataria, presente de forma remota desde la cárcel de Miraflores, respondió con serenidad y afirmó que “se reivindicó la independencia judicial”.
El Tribunal Supremo de Justicia ordenó la revisión inmediata de todas las medidas cautelares de detención preventiva en Bolivia, tras las reacciones suscitadas por los recientes fallos a favor de Áñez, Camacho y Pumari.
