Con 58 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, la Asamblea Legislativa de El Salvador acordó eliminar la deuda política contemplada en el artículo 210 de la Constitución, medida que le permitía a los partidos obtener una suma de dinero por cada voto recibido en las distintas elecciones: presidenciales, de concejos municipales, legislativas y del Parlamento Centroamericano.
El presidente del Congreso salvadoreño, Ernesto Castro, aseguró que la medida es en respuesta al descontento ciudadano sobre el uso de los recursos públicos, quienes solicitan que los fondos sean dirigidos a salud y educación.
Cifras oficiales del Ministerio de Hacienda sostienen que el Estado salvadoreño repartió 40 millones de dólares en concepto de deuda política entre los partidos que participaron en las elecciones de 2024.
A inicio de 2025, los diputados ratificaron una reforma que les facilita acelerar este tipo de modificaciones a la Carta Magna.
El cambio también fue apoyado por el presidente Nayib Bukele, quien reiteró su compromiso de eliminar el financiamiento estatal para los partidos políticos.
