El Gobierno de Argentina ha anunciado este miércoles una serie de reformas para endurecer su política migratoria, que incluyen la expulsión inmediata de extranjeros con antecedentes penales y nuevas exigencias económicas para quienes ingresen al país. Entre las medidas destaca que cualquier persona condenada por un delito será deportada, sin importar la gravedad del crimen, y quienes sean sorprendidos cruzando la frontera por pasos no habilitados serán expulsados de inmediato.
Además, las nuevas normas obligarán a los inmigrantes ilegales, residentes temporales y transitorios a cubrir los costos de los servicios de salud, incluyendo la presentación de un seguro médico como requisito para ingresar al país. Las universidades también podrán empezar a cobrar tasas a estudiantes extranjeros, una decisión que cada institución tomará de forma autónoma.
El portavoz del gobierno, Manuel Adorni, defendió las reformas argumentando que buscan frenar el abuso de los servicios públicos y fortalecer el sistema migratorio. Adorni señaló que no es justo que los argentinos que pagan impuestos tengan que financiar a quienes llegan sin aportar y utilizan recursos de los argentinos.
Además, se endurecerán los requisitos para obtener la residencia permanente y la ciudadanía argentina, limitando su acceso a aquellos que puedan demostrar medios económicos suficientes o hayan realizado inversiones significativas en el país.
