Una reciente resolución en Argentina ha generado un intenso debate al autorizar a civiles la compra de armas de fuego semiautomáticas y de asalto. La medida, que ha sido publicada en el boletín oficial, representa un cambio en la normativa de control de armas del país, lo que ya ha generando diversas reacciones en la sociedad.
La medida, oficializada mediante el Decreto 397/2025, deroga una prohibición que regía desde 1995 y que reservaba este tipo de armamento exclusivamente para las fuerzas de seguridad.
La nueva disposición permite que ciudadanos particulares, que cumplan con los requisitos establecidos por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), puedan adquirir estas armas. Entre los requisitos habituales para la tenencia de armas se encuentran exámenes psicofísicos, la acreditación de idoneidad en el manejo de armas y la justificación de un legítimo motivo para su posesión.
El presidente Javier Milei y su equipo han defendido estas políticas bajo la premisa de la libertad individual y el derecho a la legítima defensa. En declaraciones previas y a través de sus ministros, el gobierno ha argumentado que la restricción de armas solo afecta a los ciudadanos honestos, dejando en desventaja a la población frente a la delincuencia.
Expertos en seguridad, advierten que la mayor circulación de armas de guerra en manos de civiles podría incrementar la violencia armada, los accidentes y facilitar este tipo de armamento hacia el crimen organizado, poniendo en riesgo la seguridad pública en lugar de mejorarla. La preocupación se centra en que la justificación de «uso deportivo» podría convertirse en una excusa sin un control estricto, llevando a un escenario de mayor peligrosidad.
