Adriana Smith, una enfermera de 30 años y madre de un niño pequeño, fue declarada con muerte cerebral en febrero tras sufrir una hemorragia cerebral. Desde entonces, permanece conectada a máquinas en un hospital de Georgia, EE.UU., no por decisión médica ni familiar, sino por mandato legal: estaba embarazada de 9 semanas y, según la ley del latido fetal, su cuerpo debe mantenerse con vida artificial para permitir el desarrollo del feto.
La familia de Adriana, completamente en contra de esta medida, ha denunciado públicamente que están obligados a ver cómo el cuerpo de su hija es usado como una incubadora, sin posibilidad de respetar su voluntad ni dignidad. Además, deben asumir todos los costos hospitalarios derivados del prolongado soporte vital, lo que representa una carga emocional y económica insostenible.
Los médicos han alertado que el feto presenta hidrocefalia, lo cual podría provocar complicaciones graves o incluso la muerte tras el nacimiento. A pesar de ello, la ley de Georgia impide desconectar a Adriana mientras el embarazo continúe, sin excepciones claras para casos de muerte cerebral.
