Se trata de dos demandas presentadas ante la Corte Suprema para anular el contrato de concesión que permite a la empresa Panama Ports, subsidiaria de Hutchison Holdings de Hong Kong, operar los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en las entradas del canal interoceánico. El contralor Anel Flores denunció que la compañía estaría negociando la venta de sus operaciones globales sin incluir a Panamá, dueña real de los puertos.
Una de las demandas busca declarar inconstitucional la concesión original de 1997, mientras que la otra impugna la renovación por 25 años otorgada en 2021, señalando presuntas irregularidades.
Según la Contraloría, una auditoría reveló que la empresa habría incumplido el contrato y dejado de entregar más de 1.200 millones de dólares por sus operaciones, motivo por el cual la fiscalía mantiene abierta una investigación.
El caso estalla en medio de la venta global de activos portuarios de Hutchison Holdings, estimada en 19.000 millones de dólares y liderada por la estadounidense BlackRock, que aún espera la aprobación de las autoridades chinas.
Panamá advierte que cualquier negociación que excluya al país es inaceptable, mientras aumenta la presión sobre el futuro de los puertos estratégicos del canal.
