El expresidente de Argentina, Alberto Fernández, enfrentará un juicio por presunta corrupción, tras una orden emitida el jueves por un juez federal. La acusación se centra en supuestas contrataciones irregulares de seguros para entidades del Estado durante su mandato entre 2019 y 2023.
Fernández, de 66 años, fue imputado por el «delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública», según fragmentos del fallo difundidos por medios locales.
La medida también incluye el embargo de bienes y cuentas del exmandatario por un total de 14,634 millones de pesos, equivalentes a unos $11 millones de dólares.
La causa investiga la contratación de seguros para organismos públicos mediante intermediarios que cobraban comisiones, pese a que estas operaciones podían realizarse de forma directa.
Uno de los elementos clave es un decreto firmado por el propio Fernández, en el que se establecía que el Banco Nación, a través de su aseguradora estatal, debía cubrir los seguros del Estado.
El principal intermediario señalado sería el esposo de la secretaria personal de Fernández. De hecho, parte de las pruebas provienen del análisis del teléfono celular de la exfuncionaria, que ahora también está imputada.
Por su parte, Fernandez ha negado públicamente todas las acusaciones, asegurando que “No hay delito, no hay sobreprecios ni direccionamiento», durante una entrevista, donde además denunció «un intento claro de instalar sospechas sin sustento».
Junto al expresidente, también serán juzgados el corredor de seguros, su exsecretaria y otras treinta personas vinculadas al caso, según detalló la resolución judicial citada por la prensa.
