La Corte Plena de Costa Rica aprobó este martes, por mayoría de 15 votos contra 7, solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero de improcedibilidad del presidente Rodrigo Chaves y del ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives.
La petición surge tras una acusación por el delito de concusión, que consiste en el abuso de poder para obtener un beneficio personal, presuntamente vinculada a un contrato de servicios de comunicación financiado con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE.
De acuerdo con la Fiscalía, Chaves y Rodríguez habrían instruido al publicista Christian Bulgarelli, cuyo contrato con Casa Presidencial ascendió a $300 mil para que redactara los términos del cartel que luego resultó adjudicado a su propia empresa, RMC La Productora. Parte del pago, unos 32 mil dolares habría sido destinado a Federico “Choreco” Cruz, exasesor de imagen del mandatario, para la compra de una vivienda.
La vocera oficialista Pilar Cisneros calificó la decisión de la Corte como “ridícula e injusta”, mientras que Jorge Rodríguez aseguró tener “la conciencia tranquila”. Por su parte, el comunicado del máximo tribunal indicó que el caso cuenta con elementos suficientes para continuar, y que la decisión ahora está en manos del Congreso, que deberá aprobar el desafuero con mayoría calificada.
El delito de concusión, según el Código Penal costarricense, castiga con entre dos y ocho años de cárcel a cualquier funcionario que abuse de su cargo para obtener beneficios patrimoniales indebidos.
