El exsenador demócrata Bob Menéndez, quien llegó a ser el latino de mayor rango en el Senado de Estados Unidos, ingresó este martes 17 de junio a una prisión en Pensilvania para iniciar una condena de 11 años. La justicia lo declaró culpable de múltiples delitos de corrupción.

Bob Menéndez, de 71 años e hijo de inmigrantes cubanos que llegaron a Estados Unidos antes de la revolución, ingresó a la prisión federal de Schuylkill, en la localidad de Minersville, Pensilvania. El centro penitenciario se encuentra a unos 226 kilómetros al oeste de Nueva York.

Durante un allanamiento realizado en 2022 en la vivienda de Bob Menéndez y su esposa, Nadine Arslanian, las autoridades encontraron más de $480,000 dólares en efectivo ocultos entre prendas de vestir, calzado y dentro de una caja fuerte. Además, confiscaron 13 lingotes de oro valorados en aproximadamente $150,000 dólares y un vehículo Mercedes Benz descapotable.

De acuerdo con la Fiscalía, entre 2018 y 2022, Bob Menéndez, apodado irónicamente por su propio abogado como «Bob, el de los lingotes», habría aprovechado su cargo y conexiones políticas para beneficiar a los empresarios Wael Hana, Fred Daibes y José Uribe, quienes también fueron encontrados culpables.

El exsenador habría recibido sobornos a cambio de gestiones que favorecían los intereses comerciales de estos individuos, incluyendo contratos y protecciones oficiales.

En julio de 2024, un jurado popular encontró culpable a Menéndez de varios delitos graves, entre ellos soborno, fraude, extorsión y obstrucción a la justicia.

También fue condenado por aceptar pagos a cambio de ejercer influencia en favor del gobierno egipcio y de facilitar gestiones relacionadas con un fondo soberano de Qatar. Su esposa, Nadine

 

Arslanian, fue declarada culpable meses después en un juicio separado.

A finales de enero, el exsenador fue sentenciado a 11 años de prisión, fallo que apeló de inmediato. Sin embargo, el pasado 11 de junio, la jueza Alison Nathan rechazó su solicitud de libertad bajo fianza mientras avanza el proceso de apelación, obligándolo a ingresar a prisión mientras se resuelve su situación legal.