El presidente de Bolivia, Luis Arce, está evaluando solicitar la presencia de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, así como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidos para los Derechos Humanos, con el objetivo que verifiquen en el territorio los impactos de los bloqueos de carreteras, promovidos por los seguidores del exmandatario Evo Morales.
La crisis política y social en Bolivia se ha intensificado después de más de tres semanas de bloqueos en Cochabamba, liderados por los evistas.
Estas protestas, inicialmente motivadas por la exclusión de Morales de las elecciones presidenciales de 2025, han evolucionado hacia una manifestación generalizada contra el gobierno de Luis Arce, intensificando la escasez de alimentos, combustibles y otros productos esenciales.
Ante la situación, el ministro de Justicia, César Siles declaró: “Estamos analizando la posibilidad de pedir incluso la conformación de un grupo interdisciplinario de expertos independientes, para el tema de los bloqueos que han afectado derechos como la libre locomoción, la salud y la educación”.
El gobierno de Arce ha denunciado a Morales por presunta instigación de un golpe de Estado, citando un audio en el que supuestamente incita a extender las protestas a La Paz.
Morales, por su parte, niega la autenticidad del audio y defiende las movilizaciones como una expresión legítima del descontento popular, por su exclusión de las elecciones programadas para el mes de agosto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional confirmó recientemente que la reelección para presidentes solo está permitida una vez de forma continua, cerrando definitivamente la posibilidad de un tercer mandato para Evo Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019.
