La controversia en torno al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha escalado con una serie de protestas visuales impulsadas por la organización ultracatólica “Hazte Oír», que acusan al mandatario de corrupción por los escándalos que envuelven a su entorno más cercano. En los últimos días, pancartas, proyecciones y vehículos rotulados con mensajes como «Sánchez corrupto» han tomado las calles y fachadas institucionales en Madrid.
Una lona gigante con la imagen de Sánchez caracterizado como un mafioso de ficción fue instalada frente al Congreso de los Diputados, antes de ser retirada por orden judicial. Poco después, un láser proyectó brevemente el mismo mensaje sobre la fachada del Parlamento, y la organización anunció la circulación del “CapoBus”, un autobús con mensajes similares. Hazte Oír defiende estas acciones como parte de una campaña por la «libertad de expresión» y la rendición de cuentas.
Las protestas hacen eco de las investigaciones judiciales en curso que involucran a figuras del círculo íntimo de Sánchez: su esposa, Begoña Gómez, está siendo investigada por presunto tráfico de influencias; su hermano, David Sánchez, afronta un juicio por corrupción y prevaricación; y excolaboradores como Koldo García han sido señalados en la llamada trama de las mascarillas. Si bien el presidente no está formalmente imputado, la oposición sostiene que el caso alcanza al núcleo del poder.
Partidos como el Partido Popular y Vox han capitalizado los escándalos para exigir explicaciones y responsabilidades políticas. Desde el PSOE, en cambio, se ha denunciado una campaña de difamación coordinada entre la derecha política y sectores judiciales, alertando sobre una instrumentalización de la justicia con fines partidistas.
