La Universidad de Harvard se convirtió en el blanco más reciente de la ofensiva política de la administración Trump, que amenaza con cancelar contratos federales y retirar financiamiento millonario por negarse a aceptar supervisión gubernamental en sus políticas académicas.
Esta medida incluye la revocación de su acreditación para recibir estudiantes internacionales, lo que ha dejado en el limbo a casi una tercera parte de su comunidad estudiantil.
La respuesta fue inmediata: cientos de estudiantes se manifestaron el martes en el campus, denunciando lo que consideran un ataque autoritario contra la educación superior. Muchos de los jóvenes, entre ellos graduados y académicos, expresaron preocupación por el futuro de sus estudios y el impacto en la diversidad académica.
Las nuevas restricciones a visas, junto con la revisión obligatoria de redes sociales, han provocado temor e incertidumbre entre alumnos extranjeros.
Harvard ha presentado una demanda judicial para frenar las decisiones del gobierno, en un caso que podría sentar precedentes clave sobre la autonomía universitaria. Mientras tanto, un juez federal ha emitido una orden provisional a la espera de una audiencia clave este jueves.
