La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco ha abierto una investigación contra 13 funcionarios estatales, entre ellos agentes ministeriales y peritos forenses, por presuntas omisiones en el manejo de pruebas relacionadas con el Rancho Izaguirre, un sitio presuntamente utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como centro de operaciones. Años después del hallazgo inicial en 2018, nuevas evidencias han puesto en tela de juicio la actuación de las autoridades.
El caso salió nuevamente a la luz en 2025, cuando el colectivo “Guerreros Buscadores de Jalisco” ingresó al rancho tras una denuncia anónima. Allí encontraron restos humanos calcinados, más de 200 pares de zapatos y cientos de prendas, lo que sugiere que el sitio pudo haber sido usado para entrenar a integrantes del cártel y posiblemente para actividades criminales de mayor escala.
Lo alarmante es que muchas de estas evidencias ya estaban presentes desde 2018, cuando la Guardia Nacional había detenido a 10 personas, rescatado a secuestrados y descubierto un cuerpo en el lugar, pero las diligencias oficiales no siguieron el debido protocolo.
Las autoridades estatales están siendo cuestionadas por la aparente negligencia en la preservación y análisis de la escena del crimen. La Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, señaló irregularidades graves como la ausencia de levantamiento de huellas dactilares, falta de identificación de víctimas y el desinterés en investigar la propiedad del predio. Todo apunta a una desatención que pudo entorpecer la justicia desde el inicio.
El proceso, ahora en manos de la Fiscalía Anticorrupción, ya ha motivado la solicitud de amparos por parte de algunos funcionarios. Mientras tanto, la detención del alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, por presuntos vínculos con el CJNG y desvío de fondos públicos, añade una dimensión política al caso.
