El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, envió este 17 de mayo a la Asamblea Nacional su primer proyecto de ley urgente, titulado «Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno», con el objetivo de enfrentar a los grupos armados organizados que operan en el país. El proyecto, calificado como «urgente en materia económica» y que algunos aseguran se asemeja al implementado por el gobierno de El Salvador, deberá ser tratado por los legisladores en un plazo máximo de 30 días.
La iniciativa del gobierno busca establecer medidas financieras, tributarias y de seguridad para cortar las fuentes de ingresos de grupos como guerrillas, paramilitares y bandas organizadas. El texto también contempla reformas al Código Orgánico Integral Penal para endurecer las penas para los integrantes de estos grupos, que podrían enfrentar entre 22 y 30 años de prisión dependiendo de su grado de responsabilidad.
Uno de los puntos destacados del proyecto es el reconocimiento formal del conflicto armado interno, algo inusual en la legislación ecuatoriana. Esto permitirá al Ejecutivo emitir decretos para identificar y sancionar a los actores del conflicto, incluyendo grupos armados organizados, paramilitares, guerrillas y autodefensas. Además, se creará un «Bloque de Seguridad» encabezado por el presidente o su delegado, que tendrá la facultad de coordinar acciones militares y de inteligencia para desarticular estas economías ilícitas.
El presidente también podrá declarar zonas de seguridad, establecer controles fronterizos y desarrollar sistemas de vigilancia tecnológica para proteger a la población civil y prevenir ataques a infraestructura crítica. Para estos fines, las entidades públicas y privadas estarán obligadas a compartir información de inteligencia cuando se les requiera.
En el ámbito económico, el proyecto propone incautar bienes muebles e inmuebles de los grupos criminales y destinarlos al uso público, además de establecer incentivos tributarios para las empresas que apoyen a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Los contribuyentes que realicen donaciones en equipamiento o suministros para estos cuerpos de seguridad podrán deducir hasta el 30% del valor donado en su impuesto a la renta.
