El gobierno de Gustavo Petro enfrenta su mayor escándalo por corrupción por presuntamente haber sobornado con medio millón de dólares al expresidente del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, a cambio de aprobar reformas del Ejecutivo.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la detención preventiva de los legisladores. Según la investigación, los dos políticos habrían recibido pagos en efectivo en octubre de 2023, provenientes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, una entidad encargada en la respuesta a emergencias del país.
El proceso contra Name, del partido Alianza Verde, y Calle, del Partido Liberal, se basa en las declaraciones de varios testigos, incluidos altos funcionarios del Gobierno que han alcanzado acuerdos con la Fiscalía.
De acuerdo con la Sala de Instrucción del alto tribunal, Name habría recibido 3.000 millones de pesos, equivalente a 706 mil dólares, y Calle mil millones de pesos, para orientar los debates legislativos a favor de iniciativas del Ejecutivo. Estos fondos, destinados originalmente a proyectos humanitarios como la compra de camiones cisterna para abastecer de agua a comunidades en La Guajira, fueron desviados y supuestamente usados para financiar campañas políticas familiares.
El caso comenzó a destaparse cuando Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y otros funcionarios cercanos a Petro, aceptaron colaborar con las autoridades para reducir sus condenas, revelando que los sobornos fueron entregados directamente a los expresidentes del Congreso como parte de un esquema más amplio de compra de apoyo legislativo.
Name y Calle, quienes dejaron sus cargos en julio tras el fin de sus respectivos períodos, se han declarado inocentes y enfrentan ahora los cargos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros, delitos que podrían resultar en largas penas de prisión si se demuestra su culpabilidad.
