Una controversia internacional se desató tras la separación de una niña venezolana de tan solo dos años de su madre durante un proceso de deportación en Estados Unidos. La medida fue duramente rechazada por el presidente Nicolás Maduro, quien calificó el hecho como un crimen y acusó al gobierno estadounidense de criminalizar a migrantes sin pruebas. Mientras tanto, las autoridades norteamericanas defendieron su decisión argumentando que la menor corría peligro, debido a presuntos vínculos de sus padres con la organización criminal Tren de Aragua.
Según el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., la madre estaba involucrada en el reclutamiento de mujeres para redes delictivas, y el padre, señalado como miembro de alto rango del grupo criminal, fue trasladado al Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador. La menor fue puesta bajo el cuidado de una familia de acogida por la Oficina de Reubicación de Refugiados, lo que desató fuertes reacciones del gobierno venezolano, que denunció la situación como un acto de secuestro encubierto.
Venezuela exigió la devolución inmediata de la niña y anunció que acudirá a mecanismos legales y diplomáticos internacionales para lograrlo.
El incidente se suma a las tensiones migratorias y políticas entre ambos países, mientras organizaciones de derechos humanos y autoridades regionales observan con preocupación el trato a los migrantes en este contexto.
