El gobierno de Colombia dio un giro a su estrategia de seguridad tras la aprobación de una nueva ley que establece las condiciones para que los grupos armados ilegales se sometan a la justicia y abandona el modelo de negociación conocido como “paz total”, impulsado por el expresidente Gustavo Petro. La iniciativa recibió el respaldo de ambas cámaras del Congreso después de dos días de debate.
El presidente Abelardo de la Espriella celebró la decisión con el mensaje: “Habemus ley de sometimiento”. La normativa elimina las mesas de diálogo y el reconocimiento político de estas organizaciones, y establece que sus integrantes deberán entregar las armas, liberar a menores reclutados, revelar sus fuentes de financiamiento y colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas.
La legislación contempla reducciones de penas de hasta el 50% para integrantes de los grupos armados y del 30% para sus mandos, siempre que cumplan las condiciones establecidas, entre ellas reconocer sus responsabilidades, entregar bienes ilícitos y participar en la reparación de las víctimas. El incumplimiento puede ocasionar la pérdida de los beneficios.
Durante la discusión, sectores de la oposición cuestionaron que la ley podría afectar el derecho a la protesta social y no garantizar suficientemente los derechos de las víctimas. Por su parte, De la Espriella defendió el cambio de estrategia y aseguró que “la falsa paz total llegó a su fin”.
