Nicaragua pospuso hasta septiembre la discusión y aprobación de una reforma constitucional impulsada por el gobierno del presidente Daniel Ortega, que busca impedir la participación de partidos opositores en futuros procesos electorales.
El anuncio fue realizado el lunes por la copresidenta Rosario Murillo, quien explicó que la iniciativa será sometida a un proceso de consultas antes de avanzar en la Asamblea Nacional.
La votación del proyecto estaba prevista para principios de agosto, pero Murillo indicó que la propuesta ya fue presentada al cuerpo diplomático acreditado en el país y que será analizada por diversas instituciones y sectores nacionales.
Según la funcionaria, las consultas incluirán a la Corte Suprema, el Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional, representantes del sector empresarial y bancario, iglesias, pueblos indígenas y otros actores. El objetivo es recabar opiniones antes de que la reforma sea discutida por el Legislativo.
La iniciativa fue promovida por Daniel Ortega con el propósito de impedir que participen en las elecciones personas a las que el mandatario suele calificar como “vendepatrias” y “golpistas”, términos que utiliza para referirse a sus opositores, a quienes acusa de actuar al servicio de EE. UU.
El anuncio provocó reacciones en la comunidad internacional. EE. UU., aseguró que “no se quedarán de brazos cruzados” frente a lo que calificó como una “dictadura”, mientras que la Unión Europea instó al gobierno nicaragüense a organizar elecciones “de conformidad con las normas internacionales”.
En respuesta, el gobierno de Nicaragua rechazó esos señalamientos y los calificó de “injerencistas e imperialistas”.
Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de este año; sin embargo, una reforma constitucional aprobada hace un año y medio amplió el período presidencial de cinco a seis años, por lo que los próximos comicios quedaron programados para noviembre de 2027.
