El plazo constitucional de 180 días de la presidenta encargada Delcy Rodríguez venció este viernes, abriendo un debate sobre la legalidad de la continuidad del Ejecutivo venezolano. La organización Acceso a la Justicia y especialistas en derecho constitucional sostienen que mantener el Gobierno sin una decisión de la Asamblea Nacional ni una convocatoria electoral coloca al país en un escenario de incertidumbre institucional. Rodríguez asumió el cargo tras la captura del expresidente Nicolás Maduro hace seis meses.
La Constitución venezolana establece que las faltas temporales del presidente pueden ser suplidas por el vicepresidente por un máximo de 180 días, plazo que ya expiró. Juristas consideran que prolongar esta situación sin una resolución parlamentaria contraviene la Carta Magna, mientras el oficialismo argumenta que la ausencia de Maduro responde a una circunstancia excepcional no contemplada en la legislación.
En paralelo, organizaciones civiles y sectores de la oposición convocaron manifestaciones para exigir una transición democrática y la convocatoria de elecciones presidenciales. Las movilizaciones coinciden con la emergencia derivada de los recientes terremotos, mientras las autoridades mantienen un amplio despliegue de seguridad para preservar el orden público y garantizar las labores de asistencia.
Ya antes de los terremotos del 24 de junio, el gobierno había descartado la convocatoria a elecciones presidenciales, indicando que la prioridad del país era la recuperación económica.
