El gobierno peruano, en una medida extrema para combatir la inseguridad creciente, ha anunciado planes para resucitar el servicio militar obligatorio y, por primera vez, implementar un servicio policial obligatorio. Esta propuesta, que será presentada al Congreso, busca movilizar a la juventud en la lucha contra el crimen, pero ha generado una ola de opiniones encontradas.
La medida, impulsada por el premier Gustavo Adrianzén, surge como respuesta a una crisis de seguridad que azota al país. Sin embargo, expertos como Eduardo Pérez Rocha y Otto Guibovich, ex altos mandos policiales, advierten sobre los peligros de armar a ciudadanos sin la debida formación. Temen que esto pueda convertir a jóvenes vulnerables en delincuentes con poder de policía, abriendo la puerta a la extorsión y la corrupción.
La historia del servicio militar obligatorio en Perú está marcada por altibajos. Desde su papel en conflictos bélicos hasta su uso durante la lucha contra el terrorismo, ha sido objeto de controversia. Su suspensión en 2001, tras denuncias de abusos, dejó una cicatriz en la memoria colectiva. Ahora, el gobierno busca revivirlo, pero con un giro policial que añade una nueva dimensión al debate.
Mientras algunos, como el general Cluber Aliaga, ven en esta medida una oportunidad para reforzar la seguridad en tareas básicas, otros cuestionan su viabilidad y eficacia. La propuesta ha puesto de manifiesto la urgencia de encontrar soluciones creativas y efectivas para la crisis de seguridad, pero también ha abierto un debate sobre los límites del poder del Estado y los derechos individuales.
