A los 83 días de su captura en un operativo militar de Estados Unidos, el derrocado presidente de Venezuela y su esposa tendrán su segunda audiencia frente a la justicia estadounidense, la pareja enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y uso de armas pesadas, delitos que, según el Código Penal de los Estados Unidos, conllevan una pena mínima de 30 años y una máxima de cadena perpetua.
La audiencia programada este jueves ante el juez federal Alvin Hellerstein se centrará en la “ofensiva legal” presentada por el abogado defensor Barry Pollack.
De acuerdo con reportes de CNN en Español y la BBC, la defensa sostiene que el Gobierno estadounidense ha bloqueado el acceso a los fondos necesarios para costear una representación privada de alto nivel, lo que constituiría una violación al debido proceso.

El argumento que sostiene la Oficina de Control de Activos Extranjeros es que el Estado venezolano o entidades privadas no pueden transferir fondos para sus honorarios legales.
Documentos judiciales citados por medios internacionales indican que las autoridades estadounidenses han identificado y bloqueado activos vinculados a la pareja por un valor cercano a los 700 millones de dólares solo en jurisdicción norteamericana.
La Fiscalía ha sido enfática: si los acusados no pueden costear su defensa con fondos lícitos, el tribunal debe asignarles defensores públicos.