El escenario político de Honduras entró en una nueva fase de debate tras la presentación formal de una iniciativa que propone reducir de 128 a 82 el número de diputados del Congreso Nacional de Honduras. Los promotores sostienen que la medida responde a una demanda ciudadana de mayor austeridad y eficiencia institucional.
El ahorro económico constituye el principal argumento de la propuesta. Según estimaciones preliminares expuestas durante la sesión, la supresión de 46 curules implicaría una reducción considerable en salarios, prestaciones, personal de apoyo y subvenciones, recursos que, afirman sus impulsores, podrían destinarse a áreas prioritarias como salud y educación.
Sin embargo, la reforma enfrenta un camino legislativo complejo, ya que al tratarse de una modificación constitucional requiere el respaldo de al menos dos tercios de los diputados y su aprobación en dos legislaturas consecutivas. Analistas advierten que una reducción de escaños podría elevar el umbral electoral para obtener representación, afectando especialmente a partidos minoritarios.
Desde sectores de oposición han surgido cuestionamientos sobre un eventual debilitamiento del equilibrio de poderes, al considerar que un Legislativo más reducido podría concentrar mayor influencia política. Pese a ello, sondeos preliminares reflejan respaldo ciudadano a la idea de un Congreso más compacto.
Sus impulsores citan como referencia el precedente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, que aprobó una reducción significativa en el número de escaños en ese país, pasando de 84 legisladores a solo 60, argumentando que esa experiencia demuestra la viabilidad política y administrativa de un Parlamento más reducido.
