Más de 30 masacres en Latakia y Tartúz, provincias costeras del noroeste de Siria, han dejado como saldo al menos un millar de muertos en los últimos dos días.
La violencia se ha desatado en un contexto de enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad del actual gobierno transitorio de Siria y los alauitas, un grupo de insurgentes de una secta del islam chiíta que representa el 10% de la población en el país.
El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH), un grupo con sede en Reino Unido que lleva documentando el conflicto sirio desde su inicio, entre los muertos hay, unos 745 civiles que habrían sido asesinados «a sangre fría» en los ataques dirigidos por las fuerzas de seguridad contra la minoría alauita.
Se trata de la peor insurrección a la que se enfrenta el nuevo gobierno de transición sirio desde la caída del régimen anterior, el pasado mes de diciembre.
«Debemos preservar la unidad nacional y la paz civil en la medida de lo posible y, si Dios quiere, podremos vivir juntos en este país», afirmó este domingo el nuevo líder sirio, Ahmed el Sharaa, desde una mezquita de Damasco.
Según reportes obtenidos por la agencia AP, los pistoleros dispararon contra vecinos alauitas, en su mayoría hombres, en plena calle o en las puertas de sus casas. Muchos hogares fueron saqueados e incendiados, declararon los testigos a la agencia desde los lugares en los que se habían escondido.
Las nuevas fuerzas de seguridad sirias están compuestas en su gran mayoría por milicianos de la ahora disuelta alianza islamista Hayat Tahrir el Sham (HTS), la agrupación que lideró la ofensiva contra las fuerzas de Bashar Al Assad y que tiene sus orígenes en el Frente al Nusra, antigua filial de Al Qaeda en Siria.
Decenas de familias han huido al vecino Líbano, mientras otros piden la intervención de Rusia para controlar el estado de alarma en el que se encuentra el país.