La llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia fue visto por muchos como la ventana por la que entraría la paz al país suramericano tras varias décadas en conflicto armado interno, sin embargo en la actualidad persisten los enfrentamientos entre militares y los disidentes de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, FARC.

Petro fue miembro del movimiento 19 de Abril, o M19, desde donde denunció la corrupción, las violaciones de derechos humanos del Estado y el vínculo entre políticos y paramilitares.


Como ningún gobierno anterior, la sintonía ideológica e histórica de Petro con las guerrillas le da un margen de maniobra para avanzar hacia el diálogo y la desmovilización; sin embargo, la violencia se mantiene en algunos territorios remotos del país. El presidente colombiano suspendió el diálogo de paz con la guerrilla izquierdista del Ejército de Liberación Nacional, después de que ese grupo asesinó a por lo menos cinco rebeldes desmovilizados de las FARC en el noreste del país y provocó un desplazamiento de civiles en Catatumbo.

Esta medida puso fin a su apuesta por la paz, y sus planes de terminar de una vez por todas un conflicto que se ha mantenido durante más de seis décadas y que ha causado la muerte de al menos 450,000 colombianos.

El ELN, considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, cuenta con más de 6.000 integrantes, incluidos más de 3.200 combatientes, según fuentes de seguridad que afirman que el grupo se fortaleció militarmente y aumentó su control territorial en medio del diálogo de paz con Petro.


En Colombia la producción de cocaína -ligada al conflicto- sigue siendo la mayor del mundo y ha colaborado a la proliferación de grupos armados ilegales.

El último evento que ha puesto en evidencia la fragilidad del diálogo entre el gobierno central y el ELN, quienes secuestraron 29 militares en El Plateado, en el Cauca, hecho que ha generado indignación y preocupación por la seguridad en la región. El gobierno ha exigido su liberación inmediata y ha intensificado las operaciones militares en la zona. La disidencia «Carlos Patiño», señalada como responsable del hecho, habría atacado previamente a los uniformados antes de capturarlos.


La política de «Paz Total» impulsada como insignia de su mandato por el presidente Gustavo Petro enfrenta serios desafíos. La falta de cohesión en los grupos armados, el incumplimiento de ceses al fuego y la persistencia de la violencia han complicado los diálogos. El gobierno insiste en la necesidad de negociar, pero también ha ordenado ofensivas militares contra quienes no respeten los acuerdos.