La fiscalía peruana ha iniciado el proceso judicial contra el expresidente Pedro Castillo, acusado de intento de rebelión y abuso de autoridad tras su fallida disolución del Congreso en diciembre de 2022.
Aquel 7 de diciembre, tras apenas 17 meses en el poder, el entonces mandatario anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia. Sin embargo, su intento se vio frustrado al no contar con el respaldo de las Fuerzas Armadas, lo que llevó a su destitución inmediata. Horas después, fue arrestado mientras intentaba llegar a la embajada de México en Lima junto a su familia.
Desde entonces, Castillo, exdocente y exsindicalista, ha permanecido en prisión preventiva por un periodo de 36 meses. Ahora, enfrenta cargos como «coautor» del delito de rebelión, además de ser acusado de generar una grave alteración del orden público. La fiscalía ha solicitado una condena de hasta 34 años de cárcel.
El caso ha polarizado a Perú. Mientras sus seguidores defienden que se trata de una persecución política contra un líder que desafió a las élites, sus detractores argumentan que intentó romper el orden democrático.
Castillo es el cuarto expresidente peruano que se sienta en el banquillo en el último cuarto de siglo por delitos desde corrupción hasta violaciones de derechos humanos.
