El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó que se imponga la pena de muerte a Decarlos Brown, acusado del asesinato de Irina Zarutska, una joven de origen ucraniano que fue apuñalada en un tren en Charlotte, Carolina del Norte, el pasado 22 de agosto.

A través de un mensaje publicado en su red social, Truth Social, el mandatario fue enfático al exigir la pena capital para el sospechoso. “El ANIMAL que mató tan violentamente a la hermosa joven de Ucrania, quien vino a Estados Unidos buscando paz y seguridad, debe recibir un juicio ‘rápido’ (¡no hay duda!) y ser sentenciado ÚNICAMENTE con la PENA DE MUERTE. ¡¡¡No puede haber otra opción!!!”, escribió Trump.

El crimen, que generó gran indignación pública, ocurrió cuando Zarutska viajaba en un tren local. Según testigos, la víctima murió desangrada tras recibir una puñalada en el cuello, mientras varios pasajeros no intervinieron para ayudarla.

La brutalidad de este caso ha reavivado el debate sobre la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos.

En respuesta a la presión desde la Casa Blanca, la fiscal general, Pam Bondi, confirmó que la posibilidad de solicitar la pena capital está siendo considerada. “Los pasos son los siguientes: presentamos cargos, formulamos acusación y, a continuación, decidimos legalmente si solicitamos o no la pena de muerte. Pero sin duda está sobre la mesa”, declaró Bondi ante los medios.

El Departamento de Justicia presentó una denuncia penal federal contra Brown en el Tribunal de Distrito de EE. UU., para el Distrito Oeste de Carolina del Norte.

El acusado enfrenta cargos que podrían derivar en una condena a cadena perpetua o incluso la pena de muerte, si así lo determina la justicia federal.

Al mismo tiempo las autoridades estatales ya lo habían imputado por asesinato en primer grado, delito que en Carolina del Norte también puede conllevar la pena máxima. Sin embargo, el estado mantiene una moratoria de facto sobre las ejecuciones desde el año 2006.

Cabe recordar que la pena de muerte a nivel federal había sido suspendida desde diciembre de 2024, cuando el entonces presidente Joe Biden conmutó las sentencias de la mayoría de los presos de la pena de muerte.