Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, comparece nuevamente este sábado ante el juez Juan Carlos Peinado. En esta ocasión, no declarará como investigada, sino para ser notificada formalmente de que, en caso de que su caso llegue a juicio por presunta malversación, será juzgada por un jurado popular, tal como establece la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado para este tipo de delitos.
Se trata de la quinta vez que Gómez acude ante el magistrado. En las dos primeras comparecencias se acogió a su derecho a no declarar, mientras que en las dos siguientes respondió únicamente a su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho.

Junto a ella también están citados su asesora, Cristina Álvarez, y el delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. La comparecencia se enmarca en la pieza separada abierta para investigar si hubo desvío de fondos públicos en el nombramiento de Álvarez como asesora y si realizó funciones privadas para Gómez desde su puesto en Moncloa.
Según el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, cuando se transforma una investigación en un procedimiento que pueda ser juzgado por jurado, el juez debe comunicarlo de inmediato a los imputados.
En esa audiencia, las acusaciones, en este caso, la Fiscalía y la acusación popular liderada por Hazte Oír, detallarán la imputación. Después, las defensas podrán solicitar el archivo del caso o proponer nuevas diligencias.

El juez Peinado considera que existen “indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos”, y aunque inicialmente no admitió la querella por malversación presentada por Vox, argumenta ahora que “la delimitación del objeto del proceso es de cristalización progresiva”. Además, sostiene que las respuestas dadas por Begoña Gómez a su abogado “no permiten ser tenidas en cuenta en sentido exculpatorio”.
Esta vista se celebra seis meses después de que se abriera la investigación sobre la contratación de Álvarez y cuatro meses después de que se incluyera al delegado del Gobierno en Madrid en la causa.
Aunque la citación de este sábado se produce en una fase intermedia del proceso, fuentes jurídicas aseguran que, por los artículos citados por el juez (24 y 25 de la LOTJ), podría considerarse como el inicio formal del procedimiento por malversación.