El gobierno de Bolivia confirmó el miércoles que el exministro de gobierno, Arturo Murillo, será deportado desde EE. UU., luego de cumplir una condena por conspiración para lavar dinero en ese país, en relación con la compra irregular de gases lacrimógenos durante las protestas de 2019.
Murillo, de 61 años, fue uno de los colaboradores más cercanos de la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020). En 2021 fue detenido en territorio estadounidense por recibir al menos 532,000 dólares en sobornos y en 2023 fue sentenciado a 70 meses de prisión por operaciones de lavado de dinero.
La canciller Celinda Sosa señaló en conferencia de prensa que su despacho ha seguido de cerca el proceso de deportación “a fin de garantizar que el exministro pueda responder ante la justicia boliviana por las condenas y procesos en curso en territorio nacional”.
En 2019, Murillo firmó un contrato por aproximadamente 5.6 millones de dólares para adquirir gases lacrimógenos con el fin de contener las manifestaciones contra Áñez, tras la salida de Evo Morales (2006-2019).
Esos disturbios dejaron 37 muertos entre opositores y simpatizantes del exmandatario. Por esa compra, la justicia boliviana lo juzgó en ausencia en octubre de 2024 y lo condenó a ocho años de cárcel por contratos lesivos al Estado. Además, enfrenta otra sentencia de cinco años por la introducción irregular de armas desde Ecuador.
El ministro de gobierno, Roberto Ríos, detalló que una vez que Murillo arribe a Santa Cruz será detenido y trasladado a La Paz para ser presentado ante un juez. “Esperamos en este caso que la justicia dé cumplimiento a las sentencias”, expresó la autoridad.
Las autoridades de EE. UU., informaron que Murillo salió de prisión el pasado 20 de junio y fue trasladado a un centro de detención migratoria. Aunque interpuso recursos legales para evitar su deportación, un juez ordenó su expulsión a finales de julio.
Según la Fiscalía de Bolivia, Murillo tiene además otros seis procesos abiertos, entre ellos investigaciones relacionadas con la represión en Senkata, en la ciudad de El Alto, y en Sacaba, Cochabamba, hechos que dejaron decenas de víctimas mortales tras la llegada de Áñez al poder.
