Una jueza federal en Maryland ordenó que Kilmar Ábrego García no podrá ser deportado al menos hasta principios de octubre, cuando se celebrará una audiencia probatoria clave. La decisión frena temporalmente los planes del gobierno de Estados Unidos, que busca expulsarlo hacia Uganda.
Las autoridades estadounidenses señalan a Ábrego como miembro de la MS-13 y lo acusan de participar en redes de tráfico de personas, considerándolo una amenaza para la seguridad pública.
Su deportación previa a El Salvador en marzo fue reconocida como un error administrativo, aunque la administración Trump insiste en su salida definitiva, argumentando que su permanencia en EE. UU. representa un riesgo.
Tras aquella deportación, Ábrego fue recluido en el penal de máxima seguridad CECOT, en cumplimiento de acuerdos de seguridad entre ambos países. El gobierno de Nayib Bukele ha respaldado la postura de Washington al colaborar con su detención y mantenerlo bajo estrictas medidas, reafirmando así su compromiso con la lucha contra las pandillas y la criminalidad transnacional.
