La relación entre Estados Unidos y Venezuela entró en una fase crítica con el despliegue simultáneo de fuerzas navales en el Caribe. Washington envió el buque anfibio USS Iwo Jima bajo el argumento de operaciones antinarcóticos, mientras que Caracas respondió con el despliegue de su flota naval y aérea, calificando la maniobra estadounidense como una “escalada hostil” que amenaza su soberanía.
El presidente Donald Trump justificó la operación alegando la necesidad de combatir al “narcoterrorismo” vinculado al gobierno de Nicolás Maduro.
En reacción, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López anunció el refuerzo de la vigilancia costera con buques, helicópteros y drones, además de la movilización de más de cuatro millones de milicianos. Maduro prohibió el uso de drones en todo el país y denunció una “guerra psicológica” contra Venezuela.
La disputa se trasladó también al terreno diplomático. El canciller venezolano Yván Gil pidió al secretario general de la ONU, António Guterres, que interceda ante las amenazas de Estados Unidos. Aunque Guterres llamó a la contención, no adoptó una posición directa.}
En contraste, la Alianza Bolivariana, ALBA, y países aliados como Cuba cerraron filas en apoyo a Caracas, mientras que Argentina, Ecuador, Paraguay y Guyana expresaron su respaldo a Washington, marcando una división regional.
