Colombia atraviesa una jornada de violencia extrema en los últimos días, tras dos ataques coordinados de disidencias de las FARC. En Amalfi, Antioquia, un helicóptero de la Policía que apoyaba un operativo contra cultivos ilícitos fue derribado con un dron, causando la muerte de 12 uniformados.
Horas más tarde, en Cali, un camión cargado con explosivos explotó frente a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, dejando seis personas fallecidas y varios heridos.
Los atentados son reflejo de una estrategia de los grupos armados, que ahora buscan golpear zonas urbanas y no solo los territorios rurales donde tradicionalmente operaban, como el Cauca, Catatumbo o Putumayo. La ofensiva para muchos es una respuesta a la presión militar que el Estado ha ejercido sobre estas facciones, lideradas por alias Iván Mordisco.
Frente a los hechos, el presidente Gustavo Petro calificó la situación como una “reacción terrorista” y convocó un consejo de seguridad en Cali. El Gobierno analiza declarar estado de conmoción interior, lo que le otorgaría poderes legislativos extraordinarios por hasta 90 días para implementar medidas urgentes y controlar la crisis.
