Daniel Noboa, presidente de Ecuador, encabezó una multitudinaria marcha hacia la Corte Constitucional para expresar su oposición a los recientes fallos de ese tribunal que, a su criterio, anulan herramientas legales clave para enfrentar al crimen organizado.
Por iniciativa del Ejecutivo la Asamblea —de mayoría oficialista— aprobó recientemente tres leyes consideradas decisivas para enfrentar la creciente ola de violencia que protagonizan grupos criminales.
Pero la Corte suspendió provisionalmente artículos incluidos en tres normas, entre ellas uno de la Ley de Inteligencia que dispone que las operadoras telefónicas entreguen información de usuarios para acciones de inteligencia y la posibilidad de interceptar comunicaciones o documentos.
La Corte también suspendió apartados de la llamada Ley de Solidaridad, como uno que establece el indulto presidencial a favor de policías y militares que, por ejemplo, hayan matado a delincuentes en el marco del estado de conflicto armado interno decretado por Noboa a inicios de 2024. Al respecto el ministro de Defensa Gian Carlo Loffredo asegura que, los efectivos militares y elementos de la policía quedan a expensas de grupos criminales con las decisiones emitidas por los jueces.
La Corte Constitucional reconoció el derecho a la libre expresión y protesta pacífica pero aseveró que deben ejercerse “dentro del respeto a la institucionalidad y sin menoscabar la función de los órganos que la Constitución ha dotado de autonomía”.
Añadió que los espacios para el debate de los artículos suspendidos son las audiencias convocadas para la próxima semana.
La Corte a su vez aludió a una “estigmatización que incrementa el riesgo” a la seguridad de los jueces luego de que en las últimas horas aparecieran en la capital pancartas gigantes con los rostros de los magistrados constitucionales junto a la frase: “Éstos son los jueces que nos están robando la paz”.
En una arremetida anterior contra el tribunal Noboa reveló que entre las siete preguntas propuestas para una consulta popular está la posibilidad de someter a juicio político a los jueces constitucionales.
