Estados Unidos ha dado al Gobierno español hasta final de mes para romper los contratos con Huawei o afrontará una reducción significativa en el intercambio de inteligencia, clave en la cooperación contra el terrorismo y el crimen organizado. La advertencia llega tras revelarse que el Ministerio del Interior adjudicó más de 12,3 millones de euros a la tecnológica china para suministrar servidores y servicios de consultoría.
La directora de Inteligencia Nacional estadounidense, Tulsi Gabbard, ha iniciado una investigación sobre los posibles riesgos para la seguridad de la OTAN y las bases militares compartidas. En una carta enviada a las autoridades españolas, advirtió que si los contratos se mantienen, Washington limitará el flujo de información sensible para evitar que pueda ser accesible al Partido Comunista Chino.
La preocupación radica en que, por ley, Huawei está obligada a cooperar con el gobierno chino en materia de inteligencia. Un informe reciente de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre EE. UU. y China alerta de que parte de las escuchas judiciales españolas podrían quedar almacenadas en sistemas gestionados por la empresa.
La revisión de la cooperación con España fue impulsada por los presidentes de los comités de inteligencia del Congreso y el Senado estadounidenses, Tom Cotton y Rick Crawford, quienes consideran que estos contratos suponen un riesgo directo para la seguridad occidental. Washington recuerda que otros aliados, como Reino Unido o Francia, han excluido a Huawei de sus redes críticas.
El Ejecutivo español sostiene que la adjudicación se realizó conforme a la ley, al ser la propuesta más económica, y asegura que los sistemas no están conectados a redes externas. Sin embargo, la ausencia de cláusulas específicas de seguridad en el contrato y la estrategia española de mantener relaciones estrechas con Pekín han generado recelo entre sus socios de la OTAN y la Unión Europea.
